El paquete de reformas a la Ley 51, orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), pasa ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde los 71 diputados lo discutirán en segundo debate. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea lo aprobó en primer debate la noche del pasado viernes.
El diputado Miguel Ángel Campos, de la bancada independiente Vamos y quien durante muchas sesiones fungió como secretario de la comisión, explicó a La Prensa algunos de los cambios. Se mantiene la edad de jubilación (62 años para los hombres y en 57 años para las mujeres), se determinó que la junta directiva estará conformada por 11 miembros y que los suplentes no podrán cobrar dietas cuando el principal esté presente y activo en reuniones. Además, se estableció que los miembros de la directiva deberán contar con título universitario y al menos 10 años de experiencia en áreas como administración pública, derecho, economía, finanzas, salud, pensiones o seguridad social.
En cuanto a la administración de fondos, se acordó que la CSS podrá manejar sus propios recursos, sin embargo, podrá delegar su ejecución al Banco Nacional o a la Caja de Ahorros. También se permitirá invertir un pequeño porcentaje en el extranjero si los rendimientos locales no son suficientes.
Al respecto, el director de la CSS, Dino Mon, ha dicho que la dirección financiera de la misma entidad puede hacer este tipo de inversiones. El considera que la CSS es una entidad autónoma y que, por lo tanto, no puede estar sujeta a los intereses de instituciones financieras como el Banco Nacional y la Caja de Ahorros.
Autorización para contratar de manera excepcional
Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del monto a partir del cual el director general requiere autorización de la junta directiva para realizar contrataciones. En el proyecto original, el límite era de $3,000,000, pero con la modificación se reduce a $1,000,000, manteniéndose el requisito de aprobación por parte de la directiva.
Se especifica que la autorización es para la compra de dispositivos e insumos médicos, equipos médicos y servicios relacionados a la salud humana.
El proyecto también establece que los miembros de la junta directiva no podrán formar parte de otras directivas de instituciones autónomas, semiautónomas, patronatos, intermediarios financieros o empresas estatales. La única excepción aplica para el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Salud.
Tampoco podrán tener parentesco entre sí ni con el director general, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta restricción también aplica para el Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado, así como para los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional.
El proyecto se discutió por bloques, el cuarto y último bloque abarcó lo concerniente a los aportes estatales al Fondo General de Reserva, fundamentales para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, entre otros temas.
Al inicio del debate, los diputados centraron su atención en eliminar varios artículos del proyecto 163, los cuales, a su vez, derogaban disposiciones de la Ley 51 de la CSS. Por ejemplo, mantiene el artículo 176 de la norma actual que establece el derecho a recibir la asignación familiar. El mismo dice que los asegurados que se pensionen por invalidez y los pensionados por vejez, una vez hayan alcanzado o superado la edad de referencia para la pensión de retiro por vejez, tendrán derecho a recibir mensualmente y en adición a su pensión: $20 si el pensionado tiene cónyuge o si el cónyuge de la beneficiaria de la pensión es una persona con discapacidad.
La edad de jubilación y el aporte del Estado
Cuando se discutió el tercer bloque, los diputados rechazaron el aumento de la edad de jubilación propuesto originalmente en el proyecto de ley 163. El documento que presentó el gobierno del presidente José Raúl Mulino a la Asamblea, planteaba elevar la edad de retiro de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, una medida que generó un intenso debate en diversos sectores.
En consecuencia, los diputados decidieron mantener la edad de retiro en 62 años para los hombres y en 57 años para las mujeres. A cambio aumentaron el aporte anual del Estado para cubrir el déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte en $1,457 millones. Originalmente el proyecto del Ejecutivo proponía aportar $966 millones.
Sin embargo, este tema no fue abordado en el cuarto bloque, pues fue analizado el pasado martes en el tercer bloque.
“Lo importante es que hemos tomado la decisión de no aumentar la edad de jubilación. Consideramos que el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGI, ejerza su función recaudadora, que pueda realmente recobrar esta evasión fiscal que arrasa más de los 7 mil millones de dólares”, dijo la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada independiente Vamos.
El partido oficialista Realizando Metas, propone que el incremento de la edad de jubilación fuera progresivo. Este asunto ha sido uno de los más controversiales por lo que espera que el tema sea evaluado en el segundo debate.
Hasta ahora nada es definitivo. Todo el proyecto puede cambiar en segundo debate.
