La propuesta de reforma de la Ley de Intereses Preferenciales que elabora el Gobierno ha pasado por varias modificaciones en los últimos días.
En manos de los Ministerios e Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda y Reordenamiento Territorial (Miviot), el proyecto debía haberse presentado el martes 18 de febrero, pero fue pospuesto para la próxima semana debido a la incorporación de nuevos elementos.
El Ejecutivo también plantea dar a conocer la propuesta a los actores del sector de la construcción, según informaron voceros del Ejecutivo a este medio, para ‘socializar’ la reforma.
La propuesta de reforma a la que tuvo acceso La Prensa, incorpora una reducción en el tiempo de vigencia del subsidio que se aplica con un descuento de las tasas de intereses hipotecarias según el tramo de precio de las viviendas.
Los vencimientos serian de 10 años para el primer tramo, que tendrá una tasa de interés preferencial de descuento del 5.50% para viviendas con un precio de hasta 50 mil dólares.
Es decir, por una década, los beneficiarios contarían con un descuento de 5.50% en la tasa de interés preferencial de su crédito hipotecario residencial y terminado ese tiempo, tendrán que pagar la tasa de mercado que esté vigente para ese momento.
Para el segundo tramo, que abarca las viviendas de entre 50 mil y hasta 80 mil dólares, se plantea una tasa de interés de descuento de 3.50% asumido por el Estado, por un tiempo de vigencia de ocho años.
Esto supone una reducción de dos años con respecto a los 10 años que contempla la ley que está vigente en este momento.
Mientras que para el tercer tramo, es decir, el de viviendas con un precio superior a los 80 mil dólares y hasta los 100 mil, el descuento de la tasa de interés subsidiada del 2% estaría vigente solo por cinco años, tres años menos de lo que está establecido actualmente por la ley.
“La reducción en el tiempo de vigencia del subsidio se debe a que hay limitaciones en la disponibilidad de recursos y en el presupuesto del Estado por lo que debe adaptarse a esa realidad financiera”, indicó una fuente del Ejecutivo consultada por La Prensa.
En el presupuesto fiscal 2025 se tiene previsto 78 millones de dólares para el subsidio de vivienda, sin embargo, la cartera de crédito hipotecario preferencial alcanza anualmente los 300 millones de dólares, esto abarca créditos recientes y los que están vigentes desde hace varios años.
Se calcula que el déficit o la falta de viviendas nuevas en el país asciende a 180 mil unidades habitacionales y el segmento del interés preferencial abarca alrededor de 9 mil 500 a 10 mil unidades nuevas cada año.
Se estima que para cubrir esa cantidad de viviendas con el subsidio, se debería presupuestar alrededor de 180 millones de dólares anuales.
Esta cantidad de recursos para subsidiar créditos nuevos, más la cobertura de las hipotecas con intereses preferenciales que están vigentes, hará que las necesidades financieras se eleven a 350 millones de dólares para el año 2030, según cálculos que hacen en el MEF y en el Miviot. “Por este tema se hacen cálculos para determinar la disponibilidad de recursos, el objetivo es aprobar una ley que sea acorde con la realidad financiera del Estado”.
Tanto consumidores como el sector privado están a la expectativa de la aprobación de la ley para tomar decisiones de compra y venta.
Aldo Stagnaro, asesor inmobiliario, indicó que la zozobra que se está viviendo afecta a muchas familias que requieren adquirir sus casas.
“Le quiero pedir al Gobierno y al ministro de Economía y Finanzas, que reevalúen esta ley que desde el año 85 fue creada para beneficiar al 87% de la población que está en la clase media. Se debe reconsiderar abrir y aprobar nuevamente esta ley y permita el subsidio hasta viviendas de 120 mil dólares. Esto es un beneficio social para las familias”, insistió.
Luis Dutary, presidente de la Asociación de Promotores de vivienda de Coclé, señaló que es urgente que se apruebe la reforma cuanto antes para dinamizar el sector y dar una respuesta a las familias que están a la espera de solicitar una vivienda.
“Se requiere que los beneficios se mantengan para que se pueda reactivar la compra venta de viviendas a la población y que se puedan seguir beneficiando con los incentivos que da esta ley”, indicó.
Mientras se espera la reforma, los promotores indican que siguen paralizados más de 95% de los proyectos inmobiliarios residenciales en el interior del país y la Cámara Panameña de la Construcción reiteró que 75 proyectos no han iniciado construcción.
