El rompecabezas de las pruebas faltantes del caso Odebrecht

El próximo 20 de enero debe realizarse la audiencia de fondo del caso Odebrecht relativo al blanqueo de capitales vinculados a los sobornos por al menos 59 millones de dólares provenientes de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht (hoy Novonor). Le corresponde al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, y a su jueza adjunta, Baloisa Marquínez, ventilar este proceso hasta el 28 de febrero del presente año. Claro está, siempre que la audiencia no se postergue o suspenda, como ha sucedido con anterioridad.

Con 2,846 tomos, el expediente Odebrecht debía estar completo; sin embargo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales sigue a la espera de una asistencia judicial internacional con Brasil. Esta asistencia, solicitada por el Ministerio Público (MP), contiene declaraciones de altos ejecutivos de la constructora carioca que explican una parte de los pagos realizados a altos funcionarios panameños. Ese retraso provocó la postergación, hasta esta nueva fecha, de la audiencia que debía realizarse en 2024.

La lógica del proceso

La audiencia de fondo es la parte más importante del proceso, ya que es el momento en que se practican las pruebas, las partes tienen el derecho de contrastarlas y refutarlas, y se presentan los alegatos finales por parte del MP y de la veintena de acusados. Un aforismo jurídico que aplica en esta situación dice: “Aquello que no está en el expediente no existe”. Por lo tanto, para los efectos de la jueza Marquínez, las pruebas documentales, testimonios y peritajes que evaluará serán únicamente aquellas que efectivamente están en el proceso.

El retraso en la asistencia judicial con Brasil no es casual, pues ha sido una situación reiterada. Para comprender el supuesto fundamento del retraso por parte de las autoridades brasileñas, es necesario considerar un capítulo reciente de la justicia en dicho país.

El 7 de abril de 2018, el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ingresó a un centro penitenciario en Curitiba, estado de Paraná, para cumplir una condena de 8 años, 10 meses y 20 días por corrupción en uno de los ocho casos que la justicia brasileña llevaba contra él en la operación Lava Jato. Al año siguiente, se divulgaron unas supuestas grabaciones en las que el juez penal Sergio Moro, encargado del caso, conversaba con los fiscales para coordinar acciones en contra de Lula da Silva. Aunque nunca se investigó la autenticidad de las grabaciones y la prueba era ilegal, los magistrados de la Corte Suprema de Brasil, nombrados por Lula y su sucesora Dilma Rousseff, establecieron una nueva jurisprudencia que permitió a Lula un recurso para anular su condena. En los meses siguientes, las otras siete causas también fueron desestimadas.

Como resultado de esta decisión de la Corte Suprema, no solo fue liberado Lula da Silva, sino también otros altos funcionarios y empresarios implicados en sobornos. En teoría, la justicia brasileña debería remitir a Panamá la información aportada por los ejecutivos de Odebrecht sobre exfuncionarios y empresarios panameños. Este trámite no debería ser complejo para las autoridades brasileñas, ya que los casos panameños no tienen relación con los de Lula da Silva. Además, los testimonios no fueron obtenidos con la intención de involucrar a figuras en Brasil.

Los escenarios de la jueza Marquínez

Ante la reiterada ausencia de estas pruebas, la jueza Marquínez puede adoptar tres decisiones distintas, cada una con consecuencias diferentes para las partes involucradas en el proceso.

1. Postergar el inicio de la audiencia por un término “razonable”. Esta opción conlleva varios riesgos: podría haber un cambio en la estrategia del nuevo procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, quien podría relevar a la fiscal Ruth Morcillo del caso. Además, entre los acusados se encuentran el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y seis de sus ministros de Estado, lo que podría retrasar la oportunidad procesal de defensa para los involucrados. Este proceso, iniciado en 2015, aún no cuenta con una decisión de primera instancia.
2. Iniciar la audiencia y dejar la práctica de las pruebas brasileñas para el final. Esta opción podría presionar a las autoridades brasileñas para agilizar el envío de la documentación. Si las pruebas no llegan al final de la audiencia, la jueza podría suspenderla por un breve período para esperar los informes solicitados.
3. Evacuar las pruebas existentes y concluir la audiencia sin las pruebas brasileñas. En este caso, la fiscal Morcillo debería definir una estrategia sólida si considera que cuenta con suficiente caudal probatorio para sostener el caso. El principio procesal penal en delitos económicos, como el blanqueo de capitales, establece que la parte acusada debe probar el origen lícito de los fondos.

La decisión de la fiscalía en este tema también impactará los tres procesos del caso Odebrecht que debe llevar la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al máximo tribunal panameño le compete juzgar al expresidente Juan Carlos Varela, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes ocupan cargos de diputado suplente en la Asamblea Nacional y el Parlacen, respectivamente. Si el magistrado o magistrada que actúe como fiscal del caso Odebrecht ante la CSJ decide esperar las pruebas brasileñas, el proceso en la Corte Suprema también podría dilatarse.

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