Diputado Augusto ‘Tuto’ Palacios cuestiona legalidad de traslado de $91.6 millones a la CSS; MEF justifica procedimiento



Durante la discusión en segundo debate del proyecto de ley 186, que busca inyectar fondos del gobierno central por 91.6 millones de dólares al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), el diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios, cuestionó al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, sobre la legalidad y el procedimiento utilizado para lo que él considera debería ser un traslado de partida.

Palacios expresó sus dudas respecto a la justificación legal de este mecanismo. “Nos surge la inquietud de por qué se está llevando esto como una ley y no como un traslado de partida ante la Comisión de Presupuesto. No logro encontrar en la ley del Seguro ni en la ley del Presupuesto algo que prohíba al gobierno central transferir fondos a la CSS, que es una institución descentralizada”, señaló.

Ante la inquietud, Fernández respondió que, al tratarse de una entidad autónoma, con un presupuesto separado, la normativa no permite hacer el traslado de manera directa.

“No podemos transferir como si fuera un traslado de partida usual del gobierno central. Tenemos que hacer un traslado de partidas internas dentro del Estado para poder acumular esos fondos y entregarlos a la CSS”, explicó.

Ante esto, Palacios citó el artículo 287 del Presupuesto del Estado, que establece la posibilidad de redistribuir asignaciones mensuales dentro del presupuesto público.

“Si el programa en este momento no cuenta con los fondos, se pudo haber trabajado esta operación mediante la redistribución de asignaciones mensuales, solicitando la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas”, argumentó el diputado.

El viceministro indicó que se requería la aprobación de una ley para proceder con el traslado interinstitucional, asegurando que esta era la interpretación de los asesores legales del ministerio.

No obstante, Palacios insistió en que en anteriores administraciones se habían realizado traslados de partidas hacia la CSS sin necesidad de elevarlo a ley.

En este caso en particular, la asignación de fondos adicionales es exclusivamente para hacerle frente a las pensiones, debido a la falta de dinero para el pago a los jubilados en el mes de febrero.

En este sentido, el Gobierno central no tiene la obligación directa de proporcionar los fondos para el pago de pensiones, ya que la ley orgánica de la CSS solo lo obliga a hacer un aporte anual de $140 millones para tal propósito.

Esta podría ser otra de las razones por la cuales el gobierno de José Raúl Mulino prefiera dejar consignada la obligación de dar los fondos a través de una ley, advirtieron varias fuentes consultadas.

La discusión de esta ley en la Asamblea Nacional también envía el mensaje de urgencia de aprobar la ley que reforma el sistema de pensiones.

Cada mes se amplía el déficit del subsistema exclusivamente de beneficio definido, el cual se cubriría con los fondos del sistema mixto durante los primeros años de la unificación, a través de la creación de una sola cuenta común de reservas.

Un punto planteado durante el debate fue el impacto que tendría la no aprobación de la ley sobre los pagos a los beneficiarios de la CSS.

Según datos proporcionados, 23,000 jubilados podrían verse afectados el próximo mes si no se concreta la transferencia de fondos.

Palacios reiteró que “es importante hacer esta revisión para acotar que los mecanismos adecuados eran activarlo o tramitarlo por medio de la Comisión de Presupuesto”, concluyó.



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