La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte confirmó la admisión de una demanda de nulidad presentada para que se declaren nulas dos notas expedidas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por las cuales se autorizó la prórroga del contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC) en el año 2021.
A través del edicto No.432 colgado ayer jueves en la secretaría de la Sala Tercera de la Corte se informa a las partes de la decisión asumida por los magistrados Cecilio Cedalise y María Cristina Chen Stanziola.
La demanda interpuesta por el abogado Enrique Ruiz Díaz fue admitida el 29 de junio del 2023, pero la firma Morgan & Morgan, en representación de PPC, presentó una apelación contra esa decisión.
Finalmente los magistrados desestimaron la apelación de Morgan & Morgan, por lo que ahora se procederá a resolver el fondo de las actuaciones realizadas por AMP.
La demanda de nulidad presentada por Ruiz Díaz es para que se declaren nulas las notas ADM-1123–062021-DGPIMA-CON de 28 de junio de 2021 y la certificación SG No. 021-062021 también de 28 de junio de 2021 expedidas por la AMP en la que se le concedió la prórroga automática para a operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC por un lapso de 25 años.
En esa ocasión la AMP alegó que PPC había cumplido con las obligaciones básicas contractuales estipuladas en el contrato Ley No.5 de 6 enero de 1997 y que por lo tanto se mantienen vigentes los derechos de concesión otorgados.
El pasado lunes 3 de febrero también se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato suscrito entre el Estado y PCC. El citado recurso quedó radicado en el despacho de la magistrada Ángela Russo, quien corrió traslado al procurador Luis Carlos Gómez para que emita concepto.
La demanda interpuesta a título personal por los abogados Julio Macías y Norman Castro, quienes alegan que el citado contrato viola varios artículos de la Constitución.
Según el recurso, el contrato firmado entre el Estado y PPC contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte.
Así mismo, la Contraloría General de la República mantiene en curso una auditoría forenses contra PPC que pretende evaluar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato que ha sido cuestionado por falta de claridad en los beneficios que genera al Estado.
Estos hechos se dan en el marco de las acusaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos en las que sostiene que la empresa de origen chino como lo es PPC mantienen un control sobre actividades portuarias relacionadas con el Canal de Panamá.
